En España, a respetuosa distancia de aquel titán de la expedición de
‘recetas’, tampoco vamos muy a la zaga en materia de exacciones fiscales por la
vía del cinemómetro de carretera. Según la DGT, los radares fijos recaudaron el
año pasado más de 75 millones de euros (que no es poco) sólo por exceso de
velocidad. La recaudación por el total de sanciones de los radares se cifró en
la nada desdeñable cifra de 241 millones de euros (más de 40.000 millones de
pesetas).
Llegados a este punto, asalta inmediatamente la duda (razonable) de si
la autoridad de tráfico (Ministerio del Interior y Gobierno de turno,
subsidiariamente) concibe el uso de los radares como una función social de
prevenir la siniestralidad vial o, por el contrario, concibe los radares como
unas maquinitas incansables de recaudar dinero (a costa de la pésima disciplina
de tráfico que domina en nuestro país).
La argumentación buenista y facilona es que los políticos (al final
son ellos los que están ‘agazapados’ en la caja del cinemómetro) se preocupan
por nuestra seguridad y vida en el asfalto. La realidad, no obstante, no es tan
cándida ni bien intencionada: a los políticos les interesa su propia seguridad
y la de los suyos; la seguridad ajena es un mantra tan políticamente correcto
como falso. Lo que interesa a los políticos, sin distinción de color u
orientación ideológica, es recaudar. Se ha de recaudar mucho para pagar sueldos
y sueldazos a 470.000 individuos aferrados, mes tras mes, a la teta de
mamá-Estado o mamá-Administraciones varias (autonómicas y locales).
Bueno, hecho está el alegato. Pero, ¿dónde se habla de los drones y
los ‘la-drones’ que gestionan el tráfico? Vamos a ello.
Hace unas semanas, justo al inicio del mes de agosto, tiempo
vacacional por excelencia, la DGT sacaba pecho a través de los medios de
comunicación de masas para recordarnos que, desde el cielo, nos vigila Pegasus,
el helicóptero con ojo de lince; y recordarnos que ahora también nos vigilan
los drones, esas miniaturas voladoras que llegaron para quedarse, y lo mismo
llevan una cámara de alta resolución que retransmite las imágenes en tiempo
real, que entrega un paquete en un lugar remoto, o que suelta un salvavidas a
alguien que corre riesgo de ahogamiento en una playa…
No es que le falte razón a la DGT: los drones son muy capaces y harán
que el director general de tráfico pueda, un día, leer la portada de una
revista que un automovilista pueda llevar a bordo de su vehículo. Eso llegará.
De momento, la tecnología es más modesta y la DGT adolece de un exceso de
propagandismo y auto-bombo, algo comprensible si tenemos en cuenta que la
lideran personajes que se han formado en el activismo, la agitación, el ansia
de prohibir y las ganas de meter el miedo en el cuerpo a justos y pecadores
indiscriminadamente. Además, al final de cada ejercicio fiscal, luce mucho
airear los logros de gestión en la doble vertiente de porcentaje de reducción
de la siniestralidad y recaudación para el Estado por las sanciones.
No es lo mismo que te coja ‘in fraganti’ un agente a que lo haga el tele-objetivo de la cámara de un dron manejado a distancia por un técnico de la Dirección General de Tráfico
Sí, seguramente algunos drones han patrullado este verano, pero con
una pobre autonomía de 20 minutos por aparato. Además, no está claro que sus
sanciones (si las han impuesto) puedan considerarse legales (coercitivas en
cuanto al pago). Fuentes de la Asociación Europea de Automovilistas no
perdieron tiempo en señalar que dichas sanciones van a carecer de la presunción
de verosimilitud (o veracidad) que tienen las denuncias efectuadas por los
agentes de la autoridad de tráfico a pie de carretera. En otras palabras, no es
lo mismo que te coja ‘in fraganti’ un agente a que lo haga el
tele-objetivo de la cámara de un dron
manejado a distancia por un técnico de la DGT (o subcontratado), que no es
agente de tráfico, sino piloto de dron o empleado técnico-administrativo.
Por tanto, el sueño de la maquinaria recaudadora del Estado de meter
la mano en el bolsillo del ciudadano haciendo volar drones, con falsos agentes
de tráfico, que mueven joysticks a distancia, todavía tiene que madurar algunos
años hasta poder, finalmente, hacerse realidad. La DGT no desespera pues sabe
que, a la postre, todo es una cuestión de tiempo.
A la espera de que los drones sean más eficaces, los controladores de
tráfico cuentan con el socorrido recurso de los ‘la-drones’, una especie no
voladora, que, a pie de carretera, expide sanciones a destajo, con motivo, pero
también sin él. Obviamente no todas las sanciones impuestas por los agentes de
tráfico son un robo. Hay conductores y actitudes que son sancionables, y deben ser
sancionados por el bien común. Pero también sabemos que los agentes tienen unos
baremos de productividad (número de multas) que, si no cubren, influyen
negativamente en su sueldo final, su carrera profesional o promoción laboral.
Así, sea por el motivo que sea, siempre se expiden denuncias falsas
(inventadas) por ‘la-drones’ empleados en las distintas Administraciones, y que
pagamos entre todos con nuestros impuestos. Puede sonar duro, pero es así. Una
denuncia falsa (inventada) es un delito, tipificado en el Código Penal Español,
que habría de sancionar gravemente a quien expida un boletín de denuncia falsa,
documento que tiene la consideración de documento oficial. En la práctica –mal
que nos pese- se expiden documentos de falsas denuncias (es imposible
cuantificar su número) que llegan a sus destinatarios y, por diversas
circunstancias, acaban generando una exacción fiscal a favor del Estado.
Sí, pero nos ofrecen la posibilidad de formular alegaciones a la
denuncia en caso de desacuerdo. Cierto. Pero son alegaciones que sólo dan una
apariencia de garantía legal al asunto, alegaciones que los organismos
concernidos se pasan siempre por el arco del triunfo. Conservo escritos varios
en que he agotado la vía administrativa comunicando a la Jefatura correspondiente,
una y otra vez (mientras te dejan), que la denuncia es falsa, que los datos que
aporta el agente no se corresponden con la realidad, que únicamente pasaste por
allí, que no te diste a la fuga (como dice el agente), ni hiciste caso omiso a
las señales que dice que te hizo (porque no hizo ninguna señal). Además, si tal
fue el comportamiento del conductor, ¿por qué no se le persiguió, o se le
interceptó por una patrulla que le esperase por donde había de pasar? ¡Es muy
grave no atender el alto de una patrulla de carreteras! Pero los señores
denunciantes no persiguieron nada, se limitaron a apuntar una matrícula al más
puro estilo ‘la-dron’. Son boletines de denuncia instruidos con el culo, y con
afán de guindarte unos cientos de euros para las arcas públicas y cubrir el
expediente del mes (en algunos casos, hoja de servicios brillante).
Se puede caer en la pamplina tramposa del recurso, pero la respuesta
de la mamá Administración es siempre la misma (sea la DGT o tu ayuntamiento), y
es ésta: “consultado el agente denunciante, éste se ratifica en la denuncia
efectuada”. Y, claro, para acabar de sumirte en la frustración, la
Administración correspondiente añade que “el agente tiene la presunción de
veracidad”, y eso incluso aunque sea un auténtico facineroso.
Alegar y recurrir sólo sirve para perder el tiempo y llevarse un
calentón comprobando que no estamos tan lejos como creemos de las ‘repúblicas
bananeras’. Las Administraciones saben que la multa (real o falsa) siempre se
convertirá en ‘cash’, porque muchos sancionados no la recurren, y los que la
recurren lo hacen en vía administrativa. Todos acabamos desistiendo de ir a la
vía contencioso-administrativa porque su coste es superior al beneficio. Cuesta
más pleitear con una Administración tramposa que pagar una multa injusta (por
falsedad) de 300 euros.
Las Administraciones saben que juegan con ventaja en materia de
desacuerdo fiscal (si no pagas, te embargarán lo que sea, con el concurso de
bancos y la Agencia Tributaria).
Lo de menos es la gestión del tráfico. Lo que prima para estos
dechados de virtudes que nos pastorean es recaudar. La excusa-coartada, nuestra
seguridad en la carretera. Y, mientras no puedan servirse de los drones para
aligerarnos el bolsillo, se servirán de los ‘la-drones’ que, con presunción de
veracidad, saldrán a saltear los caminos y, según se tercie, inventar denuncias
(fuga incluida del presunto infractor) que –mire usted por donde- sólo cuestan
300 euros, con rebaja del 50% por pronto pago. Realmente sale barato darle
morcilla a una patrulla. Y los pobrecitos se quedan allí resignados, porque no
tienen vehículos potentes con los que interceptar al presunto infractor. ¡Qué
vergüenza mentir con semejante descaro! ¡Qué vergüenza amparar a semejantes
mentirosos!
Para consolarnos, pensemos que estamos ante un mal general: en Francia,
ahora parece que colocan los radares camuflados con la forma de un
mini-contenedor de basura. Las carreteras son una pura trampa para el
automovilista europeo. El fin último es hacer ‘cash’, que –volviendo a España- 470.000
almas dedicadas a la política (‘arte’ de no hacer nada, fingiendo luchar a
muerte por la sociedad) fagocitan cantidades ingentes de recursos.
Yo tengo una solución diferente y radical: pongamos a las 470.000
almas en el paro y enviémoslas, por un subsidio de 430 euros, a limpiar bosques
y cauces ribereños (los incendios y las avenidas de la gota fría se previenen
anticipadamente). Con los 470.000 bajo control daríamos un respiro a los drones
y a los ‘la-drones’, obligados a recaudar a mansalva y a toda costa para el
Estado, con la engañosa pretensión de que están gestionando el tráfico y
nuestra seguridad vial.
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