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miércoles, 18 de septiembre de 2019

Drones y ‘La-Drones’ gestionando el tráfico

El radar que más multa (y recauda, según parece) del mundo mundial está en una pequeña población de 120 habitantes y, según los datos, ha registrado picos de producción de hasta 58.000 multas en 2 semanas. La eficaz pieza (y la concentración de infractores) están en la localidad italiana de Pieve di Teco, donde diariamente se empapela a unos 4.000 contribuyentes.


En España, a respetuosa distancia de aquel titán de la expedición de ‘recetas’, tampoco vamos muy a la zaga en materia de exacciones fiscales por la vía del cinemómetro de carretera. Según la DGT, los radares fijos recaudaron el año pasado más de 75 millones de euros (que no es poco) sólo por exceso de velocidad. La recaudación por el total de sanciones de los radares se cifró en la nada desdeñable cifra de 241 millones de euros (más de 40.000 millones de pesetas).

Llegados a este punto, asalta inmediatamente la duda (razonable) de si la autoridad de tráfico (Ministerio del Interior y Gobierno de turno, subsidiariamente) concibe el uso de los radares como una función social de prevenir la siniestralidad vial o, por el contrario, concibe los radares como unas maquinitas incansables de recaudar dinero (a costa de la pésima disciplina de tráfico que domina en nuestro país).
La argumentación buenista y facilona es que los políticos (al final son ellos los que están ‘agazapados’ en la caja del cinemómetro) se preocupan por nuestra seguridad y vida en el asfalto. La realidad, no obstante, no es tan cándida ni bien intencionada: a los políticos les interesa su propia seguridad y la de los suyos; la seguridad ajena es un mantra tan políticamente correcto como falso. Lo que interesa a los políticos, sin distinción de color u orientación ideológica, es recaudar. Se ha de recaudar mucho para pagar sueldos y sueldazos a 470.000 individuos aferrados, mes tras mes, a la teta de mamá-Estado o mamá-Administraciones varias (autonómicas y locales).
Bueno, hecho está el alegato. Pero, ¿dónde se habla de los drones y los ‘la-drones’ que gestionan el tráfico? Vamos a ello.

Hace unas semanas, justo al inicio del mes de agosto, tiempo vacacional por excelencia, la DGT sacaba pecho a través de los medios de comunicación de masas para recordarnos que, desde el cielo, nos vigila Pegasus, el helicóptero con ojo de lince; y recordarnos que ahora también nos vigilan los drones, esas miniaturas voladoras que llegaron para quedarse, y lo mismo llevan una cámara de alta resolución que retransmite las imágenes en tiempo real, que entrega un paquete en un lugar remoto, o que suelta un salvavidas a alguien que corre riesgo de ahogamiento en una playa…
No es que le falte razón a la DGT: los drones son muy capaces y harán que el director general de tráfico pueda, un día, leer la portada de una revista que un automovilista pueda llevar a bordo de su vehículo. Eso llegará. De momento, la tecnología es más modesta y la DGT adolece de un exceso de propagandismo y auto-bombo, algo comprensible si tenemos en cuenta que la lideran personajes que se han formado en el activismo, la agitación, el ansia de prohibir y las ganas de meter el miedo en el cuerpo a justos y pecadores indiscriminadamente. Además, al final de cada ejercicio fiscal, luce mucho airear los logros de gestión en la doble vertiente de porcentaje de reducción de la siniestralidad y recaudación para el Estado por las sanciones.
No es lo mismo que te coja ‘in fraganti’ un agente a que lo haga el tele-objetivo de la cámara de un dron manejado a distancia por un técnico de la Dirección General de Tráfico
Sí, seguramente algunos drones han patrullado este verano, pero con una pobre autonomía de 20 minutos por aparato. Además, no está claro que sus sanciones (si las han impuesto) puedan considerarse legales (coercitivas en cuanto al pago). Fuentes de la Asociación Europea de Automovilistas no perdieron tiempo en señalar que dichas sanciones van a carecer de la presunción de verosimilitud (o veracidad) que tienen las denuncias efectuadas por los agentes de la autoridad de tráfico a pie de carretera. En otras palabras, no es lo mismo que te coja ‘in fraganti’ un agente a que lo haga el tele-objetivo  de la cámara de un dron manejado a distancia por un técnico de la DGT (o subcontratado), que no es agente de tráfico, sino piloto de dron o empleado técnico-administrativo.

Por tanto, el sueño de la maquinaria recaudadora del Estado de meter la mano en el bolsillo del ciudadano haciendo volar drones, con falsos agentes de tráfico, que mueven joysticks a distancia, todavía tiene que madurar algunos años hasta poder, finalmente, hacerse realidad. La DGT no desespera pues sabe que, a la postre, todo es una cuestión de tiempo.
A la espera de que los drones sean más eficaces, los controladores de tráfico cuentan con el socorrido recurso de los ‘la-drones’, una especie no voladora, que, a pie de carretera, expide sanciones a destajo, con motivo, pero también sin él. Obviamente no todas las sanciones impuestas por los agentes de tráfico son un robo. Hay conductores y actitudes que son sancionables, y deben ser sancionados por el bien común. Pero también sabemos que los agentes tienen unos baremos de productividad (número de multas) que, si no cubren, influyen negativamente en su sueldo final, su carrera profesional o promoción laboral.

Así, sea por el motivo que sea, siempre se expiden denuncias falsas (inventadas) por ‘la-drones’ empleados en las distintas Administraciones, y que pagamos entre todos con nuestros impuestos. Puede sonar duro, pero es así. Una denuncia falsa (inventada) es un delito, tipificado en el Código Penal Español, que habría de sancionar gravemente a quien expida un boletín de denuncia falsa, documento que tiene la consideración de documento oficial. En la práctica –mal que nos pese- se expiden documentos de falsas denuncias (es imposible cuantificar su número) que llegan a sus destinatarios y, por diversas circunstancias, acaban generando una exacción fiscal a favor del Estado.

Sí, pero nos ofrecen la posibilidad de formular alegaciones a la denuncia en caso de desacuerdo. Cierto. Pero son alegaciones que sólo dan una apariencia de garantía legal al asunto, alegaciones que los organismos concernidos se pasan siempre por el arco del triunfo. Conservo escritos varios en que he agotado la vía administrativa comunicando a la Jefatura correspondiente, una y otra vez (mientras te dejan), que la denuncia es falsa, que los datos que aporta el agente no se corresponden con la realidad, que únicamente pasaste por allí, que no te diste a la fuga (como dice el agente), ni hiciste caso omiso a las señales que dice que te hizo (porque no hizo ninguna señal). Además, si tal fue el comportamiento del conductor, ¿por qué no se le persiguió, o se le interceptó por una patrulla que le esperase por donde había de pasar? ¡Es muy grave no atender el alto de una patrulla de carreteras! Pero los señores denunciantes no persiguieron nada, se limitaron a apuntar una matrícula al más puro estilo ‘la-dron’. Son boletines de denuncia instruidos con el culo, y con afán de guindarte unos cientos de euros para las arcas públicas y cubrir el expediente del mes (en algunos casos, hoja de servicios brillante).

Se puede caer en la pamplina tramposa del recurso, pero la respuesta de la mamá Administración es siempre la misma (sea la DGT o tu ayuntamiento), y es ésta: “consultado el agente denunciante, éste se ratifica en la denuncia efectuada”. Y, claro, para acabar de sumirte en la frustración, la Administración correspondiente añade que “el agente tiene la presunción de veracidad”, y eso incluso aunque sea un auténtico facineroso.
Alegar y recurrir sólo sirve para perder el tiempo y llevarse un calentón comprobando que no estamos tan lejos como creemos de las ‘repúblicas bananeras’. Las Administraciones saben que la multa (real o falsa) siempre se convertirá en ‘cash’, porque muchos sancionados no la recurren, y los que la recurren lo hacen en vía administrativa. Todos acabamos desistiendo de ir a la vía contencioso-administrativa porque su coste es superior al beneficio. Cuesta más pleitear con una Administración tramposa que pagar una multa injusta (por falsedad) de 300 euros.
Las Administraciones saben que juegan con ventaja en materia de desacuerdo fiscal (si no pagas, te embargarán lo que sea, con el concurso de bancos y la Agencia Tributaria).

Lo de menos es la gestión del tráfico. Lo que prima para estos dechados de virtudes que nos pastorean es recaudar. La excusa-coartada, nuestra seguridad en la carretera. Y, mientras no puedan servirse de los drones para aligerarnos el bolsillo, se servirán de los ‘la-drones’ que, con presunción de veracidad, saldrán a saltear los caminos y, según se tercie, inventar denuncias (fuga incluida del presunto infractor) que –mire usted por donde- sólo cuestan 300 euros, con rebaja del 50% por pronto pago. Realmente sale barato darle morcilla a una patrulla. Y los pobrecitos se quedan allí resignados, porque no tienen vehículos potentes con los que interceptar al presunto infractor. ¡Qué vergüenza mentir con semejante descaro! ¡Qué vergüenza amparar a semejantes mentirosos!


Para consolarnos, pensemos que estamos ante un mal general: en Francia, ahora parece que colocan los radares camuflados con la forma de un mini-contenedor de basura. Las carreteras son una pura trampa para el automovilista europeo. El fin último es hacer ‘cash’, que –volviendo a España- 470.000 almas dedicadas a la política (‘arte’ de no hacer nada, fingiendo luchar a muerte por la sociedad) fagocitan cantidades ingentes de recursos.
Yo tengo una solución diferente y radical: pongamos a las 470.000 almas en el paro y enviémoslas, por un subsidio de 430 euros, a limpiar bosques y cauces ribereños (los incendios y las avenidas de la gota fría se previenen anticipadamente). Con los 470.000 bajo control daríamos un respiro a los drones y a los ‘la-drones’, obligados a recaudar a mansalva y a toda costa para el Estado, con la engañosa pretensión de que están gestionando el tráfico y nuestra seguridad vial.

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