Como nos explicaron en el Bachillerato a los que superamos ya los cuarenta, la leyenda atribuye la frase que sirve de titular -¡Y sin embargo se mueve!- al famoso astrónomo, filósofo y físico, Galileo Galilei, que pronunciaría tan lapidaria sentencia después de ser forzado a retractarse, ante la Inquisición, de su “insensata” tesis de que la tierra orbitaba alrededor del sol.
Valga esta digresión para aplicar el famoso aserto de Galileo a nuestro contexto y afirmar que, pese a todo, “España también se mueve”. España se mueve en muchos campos, pero nosotros centraremos el hilo argumental en el de la prevención de riesgos laborales y la legislación al respecto. Tenemos varios ejemplos recientes: el Estatuto del Trabajo Autónomo, que prescribe la PRL para el colectivo, la Ley de Subcontratación, y los ajustes en las cotizaciones de las empresas en función de su nivel de riesgos.
El Estatuto del Trabajador Autónomo, aprobado por el consejo de ministros del 30 de septiembre, es un paso más en la progresiva homologación de derechos y deberes de los trabajadores; la equiparación entre trabajadores por cuenta ajena (asalariados) y trabajadores por cuenta propia (autónomos). Con el estatuto, el trabajador autónomo deja de ser “invisible”. La constatación más inmediata es que los trabajadores autónomos están sujetos a las obligaciones de PRL en centros de trabajo (con empresario titular) donde concurren varias empresas.
En el futuro inmediato de esta España que se mueve, el autónomo tiene que ser una figura activa en prevención, pues los buenos resultados preventivos sólo aflorarán cuando se deje atrás la “prevención de papel” -meramente formal-, para desarrollar una prevención real, más preocupada por la seguridad que por la coartada documental. El autónomo tiene que hacer prevención, que no es, ni mucho menos, firmar papeles.
La ley de Subcontratación pone coto a la subcontratación “insostenible”, admitiendo cadenas de subcontratación de un máximo de tres niveles. Esta ley está llamada a ordenar un sistema caótico cristalizado y que ha sido el responsable de tan altas tasas de siniestralidad en la construcción.
Las cotizaciones a la Seguridad Social en función del nivel de riesgo que tiene la empresa y su historial de siniestralidad han sido objeto de reivindicación constante. Su puesta en práctica supone sustituir un sistema desfasado, que no contribuía a incentivar la prevención en el seno de las empresas ni lograba una mayor justicia distributiva de los costes de la siniestralidad laboral.
Sin duda, algo está cambiando... y lo notamos en esta España que se mueve a golpe de proyectos de ley y Reales Decretos. La Ley de Subcontratación y la reforma de las cotizaciones son importantes, pero aún lo es más la regulación de los autónomos. Y no lo decimos sólo porque supone acabar con una discriminación histórica injustificable ni porque se trata de un colectivo de tres millones de personas con un considerable peso en la economía del país. Creemos que el reconocimiento del autónomo como sujeto de derechos, pero también de obligaciones, es un factor clave en la lucha contra la siniestralidad laboral. Pese a los conceptos equivocados que aún circulan, la incorporación de los autónomos a la PRL es una excelente noticia que a nadie debe dejar indiferente, a la vez que constituye una legítima oportunidad de negocio, oportunidad para la seguridad y la salud en el trabajo, en fin.
Todo ello, cuando la Inspección celebra su primer centenario. A esta vieja conocida le pedimos fuerza, inteligencia y mesura para velar, desde su función de policía social, por el cumplimiento de la normativa, con especial énfasis en las nuevas leyes.
Si tenemos en cuenta el largo camino recorrido por estos logros que ahora comentamos, hay razones para la euforia y para emular con regocijo a Galileo, afirmando que, pese a todo y pese a hacerlo con retraso, ¡España también se mueve!
Manuel Domene Cintas ©
No hay comentarios:
Publicar un comentario