Prohibido por unos países o aplazado con moratorias en
otros, el fracking suscita un debate social que no es gratuito. La fracturación hidráulica, la técnica de inyectar agua a presión en la roca de esquisto para liberar el
petróleo o gas que contiene, se ha generalizado. Muchos países, liderados por
Estados Unidos, persiguen la auto-suficiencia
energética con la explotación de
los llamados ‘hidrocarburos no
convencionales’. El concepto engloba a los hidrocarburos que no han migrado
a un reservorio sino que se encuentran en determinadas rocas (esquistos), por
lo que la extracción hace necesario fracturar la roca.
La técnica, que parece no ser la panacea como proveedora de
energía a medio-largo plazo, despierta, además, la preocupación. En uso desde los años 40 del siglo pasado, el fracking es el proceso de
perforación del subsuelo previo a la inyección de una mezcla líquida a alta
presión en la roca para liberar el gas o crudo que almacena. Uno de sus
principales riesgos es la posible contaminación del agua tanto por aditivos químicos como por fugas de metano, el gas que se extrae de la roca
de esquisto, además de la posibilidad de que se produzcan movimientos de tierra (sismos de magnitudes variables).
Los
detractores del fracking abogan por “una revolución energética del siglo
XXI basada en la eficiencia y las energías renovables, no en más combustibles
fósiles que acelerarán el cambio climático”
Algunos temores
asociados al fracking
Al margen de los numerosos riesgos laborales, el fracking constituye una
amenaza para la salud ambiental y la seguridad
de la población, cuyas manifestaciones pueden ser:
-Terremotos de diferente
intensidad. Estos seísmos son provocados principalmente por la inyección a
alta presión de fluidos, o cuando el proceso de fracturación se encuentra con
una falla del terreno que ya está soportando presiones geológicas.
-Posible
contaminación de acuíferos. Los problemas pueden surgir si la perforación, entubamiento
o cimentación no es eficiente.
-Inyección
química. La toxicidad potencial de las aguas residuales es difícil de evaluar
debido a que muchos aditivos químicos usados en el fluido de fracturación
hidráulica son secreto comercial no divulgado en algunos países.
-Aguas residuales.
Aproximadamente
entre el 25% y el 75% del fluido de fracturación inyectado vuelve a la
superficie. Las fugas o vertidos de estas aguas residuales son un riesgo
latente.
-Elevado consumo
de agua. Un sólo pozo requiere un promedio de 20 millones de litros de agua,
según informes (el doble de las prospecciones convencionales), lo que arroja
otra sombra de duda sobre la fractura hidráulica.
-Contaminación por
metano. La imagen más elocuente es la del agua del grifo que se inflama si se le
acerca una cerilla, debido a su contenido en gas metano.
-Calentamiento
global. Un equipo científico de la Universidad de Cornell, calculó que entre el
4%-8% de la producción total de metano de un pozo escapa a la atmósfera, donde
contribuye al conocido como ‘efecto invernadero’.
Controversia
Las Academias Nacionales de
Ciencias de la Unión Europea (EASAC) comunicaban recientemente su posición oficial de que no existen razones científicas o técnicas
para prohibir la exploración de gas de esquisto usando la fracturación
hidráulica.
La Declaración sugiere que, si se
introduce una normativa adecuada, es posible asegurar que los yacimientos
de gas de esquisto se extraen y se utilizan protegiendo el medio ambiente, los
recursos hídricos y las comunidades locales.
Los oponentes consideran que
tal afirmación no es más que enmascarar
los efectos reales de una industria
que no es sostenible. “El gas de esquisto no es la solución a los
retos energéticos. Necesitamos una revolución
energética del siglo XXI basada en la eficiencia y las energías renovables,
no en más combustibles fósiles que acelerarán el cambio climático”, asegura el
activista de Friends of the Earth, Tony Bosworth.
En España hay cinco permisos concedidos para crear sondeos por fracking que están a la
espera del correspondiente informe de impacto ambiental. Los enclaves son:
Burgos, Campos de Montiel (Albacete-Ciudad Real), Guadalajara, País Vasco y
Cantabria, que cuentan con un rechazo social unánime.
